Protección de las mujeres y niñas migrantes: una tarea pendiente

agosto 18, 2022

Por Nastassja Roja Silva*

El pasado mes de julio Amnistía Internacional presentó el informe “Desprotegidas: violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú”. En este documento nos presentan de una forma detallada y a la vez alarmante las condiciones de las mujeres provenientes de Venezuela, en donde se evidencian las diferentes violencias y discriminación que enfrentan en todos los espacios de su vida.

Y es que, precisamente tanto en el contexto venezolano como en los lugares de acogida, lamentablemente son las mujeres y niñas quienes sufren la mayor vulneración de sus derechos, sumado a la ausencia de protocolos claros para la atención en condiciones de vulnerabilidad y a la falta de protección por parte del Estado venezolano. En pocas palabras, se encuentran en total desprotección.

Adicional a esto, aunque suene sorprendente todavía es difícil reconocer por parte de la sociedad que se deben revisar las violencias con un enfoque de género, particularmente cuando del caso venezolano se habla. No se desconoce la violencia sistemática y generalizada que también tiene como víctimas a los hombres, pero el régimen se caracteriza por una profunda misoginia y falta de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.

En este sentido, es necesario considerar algunos elementos que evidencian que la protección de las mujeres y niñas migrantes es una tarea pendiente. Primero, considerar que las mujeres conforman casi la mitad de la población migrantes del mundo y a su vez son la mitad de las personas refugiadas en el mundo, superando la idea de hace varias décadas que la migración en su mayoría estaba compuesta por hombres que se desplazaban por cuestiones económicas. Segundo, la migración y el género se encuentran en una intersección en donde se afectan mutuamente, son variables que impactan en las condiciones de vulnerabilidad y que por supuesto deberían considerarse en las formas de protección. Y tercero, es necesario reconocer la situación particular de las mujeres en contextos autoritarios, en donde también son víctimas de la violencia institucional y que hace necesaria la reflexión sobre medidas más efectivas por parte los sistemas de protección de Derechos Humanos.

Con esta tarea pendiente en mente, propongo cuatro condiciones a tener en cuenta tanto para el abordaje de esta problemática como para la creación de herramientas que brinden la protección necesaria ante este tipo de contextos:

  1. La violencia contra las mujeres es una violación de Derechos Humanos que tiene su origen en las desigualdades de género.
  2. Las emergencias humanitarias aumentan la violencia existente y conducen a formas adicionales de violencia contra las mujeres y niñas.
  3. La violencia contra las mujeres no pertenece al plano privado, deben reconocerse como un tema de interés público y especialmente del ámbito de la responsabilidad de los Estados.
  4. Debe tenerse una mirada interseccional para no obviar las diferentes características que podrían aumentar las condiciones de vulnerabilidad. Tales como, la migración y el género.
  5. La obligación primaria de protección corresponde al Estado. Sin embargo, es una responsabilidad compartida con otros Estados y la sociedad en general, especialmente en contextos autoritarios.

Es innegable que, el caso venezolano no escapa de ser una situación compleja, que si bien comparte características con otros países en cuanto a las causas de la violencia contra las mujeres tiene otras consideraciones adicionales, como lo es la falta de institucionalidad y ubica precisamente al Estado como el principal transgresor.

Lo anterior permite identificar una serie de riesgos presentes en las diferentes etapas del proceso migratorio de las mujeres provenientes de Venezuela:

Riesgo 1. La migración inicia en casa, si bien en los últimos años hemos visto ciertas variaciones en los flujos migratorios, la migración empieza de manera interna en el país y dadas las condiciones de precariedad en la cual las personas migran, especialmente aquellas mujeres cabeza de familia, se exponen desde el mismo momento de la toma de decisión a diferentes tipos de violencia relacionadas con temas económicos (conseguir los recursos necesarios para migrar), familiares (violencia por parte de sus parejas) e institucionales (falta de acceso a documentos de identificación).

Riesgo 2. Superadas estas primeras dificultades o al menos ignoradas, el siguiente riesgo que se presenta son las rutas y condiciones para la migración. Y es que, en los últimos años producto de la ausencia de información oficial y el uso de las redes sociales como principal fuente, las personas hacen uso de medios que no siempre son confiables y plataformas que suelen ser utilizadas por redes de trata y de tráfico de migrantes, siendo presas de estos grupos criminales. Más del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.

Riesgo 3. La tercera circunstancia está relacionada con las condiciones en los lugares de acogida y es que las violencias basadas en género no aparecen con el proceso migratorio, son prácticas que ya se encuentran instaladas en las comunidades receptoras y que lamentablemente se aumentan contra las migrantes, en las mayorías de los casos por su condición migratoria irregular, al creer falsamente que no cuentan con ningún tipo de protección.

Riesgo 4. Finalmente, pero no menos importante y como un tema de interés regional y global, es la escaza actualización de los marcos normativos internacionales relacionados con los Derechos Humanos y la migración, los cuales aún no consideran en su totalidad a las mujeres como un grupo de especial atención, todavía conservamos normas que están orientadas a proteger al hombre migrante económico.

Por lo anterior, es menester que como sociedad podamos en un primer momento generar más espacios de educación para combatir este tipo de violencias contra todas las mujeres y niñas, sin ningún tipo de discriminación y que la protección de los derechos se entiendan más allá de la condición migratoria de las personas. Y como sociedad civil organizada tenemos la obligación de generar mecanismos de presión que promuevan la actualización de los marcos normativos internacionales y regionales para la protección de las mujeres y niñas en sus procesos migratorios. Y por supuesto, promover las medidas necesarias para el reconocimiento de la responsabilidad internacional de Venezuela por la completa desprotección de las migrantes.

* Profesora y consultora en Derechos Humanos, migración y género. Directora Ejecutiva de Food Monitor Programa. nastassjarojas@gmail.com

Facebook Comments