Eduardo Battistini, encargado político de la Embajada de Venezuela en Colombia,
considera que los gobiernos del mundo deben implementar para los migrantes
venezolanos una política pública consensuada y con características definidas, como la
integración socioeconómica de los ciudadanos y la participación de los sectores públicos
y privados, con el fin de garantizar las normas establecidas en pro de la construcción de
una fuerza trabajadora garante en deberes y derechos.

Para Battistini existe una serie de características que particularizan hoy día el éxodo masivo
venezolano en el mundo. Considera que, en primer lugar, los venezolanos forman parte de una
población vulnerable; de familias numerosas, de cuatro o más integrantes de la familia, con niños
menores de edad y estrato socioeconómico bajo, que cruzan hacia tierras desconocidas. “Entre
mayo de 2021 y mayo de 2022 se registraron cerca de 251.000 nuevos ingresos de venezolanos a
territorio colombiano que pasaron de manera regular por un punto migratorio, sellando su
pasaporte. A pesar de que el gobierno venezolano niega que los nacionales están retornando, la
realidad devela lo contrario”, asegura.

Un contexto vigente

Los migrantes venezolanos son víctimas de violaciones de Derechos Humanos de origen, lo que se
traduce en las pocas posibilidades de acceder a un documento de identidad, y para el Encargado
político de la Embajada de Venezuela en Colombia este segundo punto es fundamental porque
representa un problema de identidad en el que muchos jóvenes, sobre todo niños, ingresan con
un pasaporte vencido o sin una cédula de ciudadanía emitida por un organismo oficial.
“Se ha dicho que más de 60% de los migrantes que llegaron a Colombia son jóvenes entre 18 y 35
años, lo que puede verse de manera positiva si se inmergen en el mercado laboral colombiano. A
su vez representa un reto en términos de competencia puesto que cerca de un millón de
venezolanos estaría optan por ingresar al mercado laboral”, explica.
Batisttini asegura que Colombia es el único Gobierno de la región que mantiene una postura
distinta al resto de los países de Latinoamérica respecto a la población migrante venezolana;
mientras algunos países ven este contexto como una amenaza para la región, Colombia lo ve como
una oportunidad, y una prueba de ello es la medida del Estatuto de Protección Temporal que
expone a flor de piel el derecho de identidad de los venezolanos.

“Este documento iguala a los colombianos en cuanto a derechos socioeconómicos. La única
diferencia con los ciudadanos colombianos es que los venezolanos no tienen derecho al voto. Sin embargo, ya pueden tener una carrera crediticia, ingresar al sistema de seguridad social, trabajar
sin visa, lo sin duda los inserta en la dinámica social y económica del país”, dice.

La integración de los migrantes suele ser un proceso progresivo que requiere de la participación de
los gobiernos, las instituciones privadas y la sociedad civil organizada, lo que se traduce en una
serie de desafíos en los lugares de acogida. En el contexto colombiano, resulta de suma
importancia que las instituciones encargadas den a conocer el alcance y la dimensión del estatuto
que por diez años viene a abrirle las puertas a los venezolanos, no solo en lo laboral sino en lo
socioeconómico, convirtiéndose de esta manera en un ejemplo para la región.

Sobre este análisis, Battistini considera que un desafío para Colombia resulta en la socialización de
los documentos, como el Permiso de Protección Temporal (PPT), en entidades bancarias, las
instituciones de salud y otras que inciden directamente sobre el estilo de vida de los individuos.
“Aunado a esto, debemos mencionar que el Estado colombiano tiene el reto de Invertir y adecuar
el sistema en el sector Salud, puesto que la mayoría de los migrantes reciben la encuesta del
Sisben, la entidad que caracteriza a la población en situación de pobreza para poder acceder a
beneficios sociales y económicos por parte del Estado”, asegura.

Hacia una política pública inclusiva

Eduardo Battistini considera que los países de la región deben establecer legislaciones y
mecanismos que persigan una meta, como la regularización de los migrantes venezolanos. Para
ellos, los gobiernos deben implementar discursos y políticas que pretender cambiar la mirada de la
migración como una oportunidad de cambio, diversidad e integración.

“Se debe crear una política pública que permita vencer la apatridia. Existen países en los que no se
considera como ciudadano nacional a una persona aun cuando esta haya nacido en ese lugar.
Recordemos que un niño sin identidad no es receptor de ningún tipo de derecho”, asegura.

El político lamenta que la experiencia que sucede en Colombia, respecto a la creación de
mecanismos para ingresar y socializar al inmigrante, no está teniendo eco en el resto de los países
de Latinoamérica. Advierte que la regularización no debe ser aislada, sino que debe venir
acompañada de una política en la que se establezca derechos, pero también deberes a los
ciudadanos que ingresan a los territorios en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

“El mecanismo de Quito, como instancia para coordinar la movilidad de los venezolanos; en vez de
ingresar, a mí parecer desintegró algunas políticas, como en Ecuador, país en el que ahora
necesitas vida para poder ingresar”, recuerda.

Ejemplifica que hay países como Colombia donde puedes recibir un certificado de competencias
en el SENA, y Chile, o donde se flexibilizó la convalidación de títulos universitarios y se hizo una
distribución de médicos venezolanos en algunas ciudades del territorio; esto ante la imposibilidad
de apostillar un título universitario en Venezuela, donde a veces cobran hasta 600 dólares por el
trámite y el pago no da certeza en el éxito del proceso.

Por último, y no menos importante, resulta relevante mencionar la existencia de una ‘xenofobia
velada’. Battistini agradece que en Colombia no haya manifestaciones de odio hacia la población
migrante, a diferencia de países como Chile y Perú. Sin embargo, advierte acciones
discriminatorias por parte de las autoridades al señalar únicamente a la población migrante por
hechos de violencia y criminalidad que suceden en diferentes departamentos de Colombia.
“Mientras mantenemos la fe por recuperar Venezuela, esforcémonos por ser cada vez más
mejores personas y mejores ciudadanos. Así podremos integrarnos, participar cívicamente en los
distintos escenarios y sentirnos ciudadanos con deberes y con derechos”, dice.