En opinión de algunos representantes del movimiento de derechos humanos, se trata del informe más débil presentado en el marco de la resolución 45/20.
El 29 de junio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó la última actualización oral de su mandato, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos. Este informe debía centrarse en “los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente”. La actualización fue seguida por un diálogo interactivo que prosiguió el 30 de junio.
Destaca la confirmación de una situación de impunidad frente a las violaciones de derechos humanos, donde se registran pocos casos de investigación que desembocan en sanción y que se enfocan en los autores materiales de bajo rango, sin afectar a los responsables en las cadenas de mando.Aunque el informe debía referirse a la aplicación de recomendaciones anteriores, no hay reconocimiento de cumplimiento de recomendaciones en las áreas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derecho a la vida, detención y derecho a la integridad física y mental, acceso a la justicia, reparación adecuada y garantías de no repetición, Espacio democrático y cívico, derecho a participar en los asuntos públicos, estigmatización y criminalización de los actores de la sociedad civil y libertades fundamentales. Aunque el informe no se refiere a este incumplimiento de manera expresa, es evidente que el balance general es negativo, pero la Alta Comisionada prefiere quedarse en lo descriptivo, sin profundizar en el análisis de la situación de estos derechos.
El informe reconoce avances en las áreas de rendición de cuentas y estado de derecho, pese a que las organizaciones de la sociedad civil han señalado e diversas ocasiones que las reformas anunciadas en materia policial y judicial han sido solo maquillajes que no constituyen cambios estructurales. Similarmente, en lo que respecta a la detención y el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el informe hace referencia a leyes reformadas, sin evaluación sobre su efectiva aplicación.
También llama la atención que una de las áreas de asistencia técnica en la que supuestamente estaría trabajando la OACNUDH en Venezuela era la del desarrollo de un protocolo para la prevención e investigación de tortura. Sin embargo, el informe no se refiere al tema al abordar temas de detención y derecho a la integridad física y mental.
Tampoco se hace ninguna referencia al proyecto de ley de cooperación internacional que afectaría gravemente el funcionamiento de las OSC. Podría alegarse que no hay pronunciamiento por tratarse de un proyecto que todavía no ha entrado en vigor; sin embargo, la Alta Comisionada no ha escatimado palabras positivas sobre anuncios de reforma en otras áreas, por lo que la falta de pronunciamiento frente a un anuncio que constituye una grave amenaza al espacio cívico es alarmante.
Aunque el informe señala que “las reformas deben estar respaldadas por un compromiso genuino con los actores de la sociedad civil a través de consultas significativas, inclusivas y genuinas”, lo cierto es que ni la Oficina en Ginebra ni la presencia en Venezuela han jugado un papel de puente en esta área.
También destaca el hecho de que la Alta Comisionada haya hecho referencia a una cifra en su intervención oral, la cual no aparece en el informe ni parece sustentada. Bachelet afirmó que “organizaciones de la sociedad civil reportan que, en los últimos cinco años, más de 150 niños habrían fallecido por falta de trasplantes a consecuencia de las sanciones”.
consultó con organizaciones independientes de la sociedad civil sobre la fuente de esta afirmación, pero ninguna organización respalda la tesis de que los niños hayan fallecido a causa de las sanciones, ya que la crisis de trasplantes es anterior. Todo parece indicar que la fuente de la información es una organización no independiente, alineada con el proyecto político de quienes detentan el poder en Venezuela. Llama la atención que Bachelet haya hecho esta referencia en la respuesta al diálogo, justo después de que el representante de Venezuela reclamara la escasa atención prestada por el informe a las medidas coercitivas unilaterales.
Ni en la actualización oral ni en el informe escrito, la Alta Comisionada hizo referencia alguna a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII). La OACNUDH siempre ha alegado que esta ausencia de interacción y referencias al trabajo de la MII obedece a criterios de independencia. Sin embargo, en su presentación sí se hizo mención al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatora de Medidas Coercitivas Unilaterales y la Corte Penal Internacional, que son igualmente mecanismos independientes. El silencio de Bachelet con respecto a la MII a lo largo de casi tres años genera un enorme ruido.
El informe agrega 19 recomendaciones adicionales a las ya existentes, lo que servirá para seguir marcando una agenda, aunque no sea esta Alta Comisionada la encargada del seguimiento.
A tan solo seis meses del inicio de la presencia de la OACNUDH en Venezuela, AlertaVenezuela advertía: “si bien la presencia del ACNUDH en Venezuela comenzó con tropiezos y es todavía frágil, es un paso relevante que requiere atención”. Lamentablemente, casi tres años después, los avances han sido pocos y el tono de Bachelet careció de la energía necesaria para generar los cambios requeridos. Queda en manos de la sociedad civil venezolana y de la comunidad internacional profundizar en la tarea del establecimiento de una oficina de país, fuerte y capaz de cumplir el mandato de la OACNUDH a plenitud y sin cálculos políticos ni injerencias indebidas.
Con información de Alerta Venezuela
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