A los migrantes venezolanos les están dando un documento con orden de salida definitiva del país en 20 días

Escrito por Carola Briceño para En Frontera

México ha deportado 343 migrantes venezolanos entre enero y julio de este año, por no poder acreditar su ingreso regular al país.

El más reciente proceso de deportación se realizó este fin de semana, cuando enviaron a Venezuela 126 personas,  117 hombres y nueve mujeres, que estuvieron detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Los migrantes fueron enviados en un vuelo comercial que partió a primera hora de la mañana del sábado.

Entre enero y junio, 7.196 venezolanos han solicitado refugio ante la Comisión Nacional de Apoyo al Refugiado (Comar), pero una cantidad muy superior habrían solicitado permiso para transitar por México de manera transitoria, pues el objetivo sería llegar a la frontera norte y tratar de cruzar a través del Río Bravo hacia Estados Unidos.

En los últimos dos meses, tres grandes marchas de migrantes que han partido desde Tapachula a Huixtla, a unos 40 kilómetros de distancia, han sido lideradas por venezolanos. En esas tres convocatorias, la cifra total de migrantes sobrepasaría las 7.500 personas.

La data ofrecida por las autoridades mexicanas da cuenta solo de los migrantes que han decidido acogerse a un proceso de refugio o de solicitud de visa humanitaria, el cual les permite una estadía por un año, con posibilidad de renovarle cuatro veces seguidas y luego tener acceso a un estatus migratorio más estable.

Los migrantes han salido en marchas debido al retraso del INM en la entrega de las Formas Migratorias Múltiples (FMM), con la que los migrantes pueden hacer el trámite. Mientras no den ese paso, las autoridades les prohíben transitar fuera de Tapachula, ciudad fronteriza por la que ingresan la mayoría de los extranjeros.

Hace unos 10 días, en la oficina de migración de Tapachula admitieron que no tenían más permisos para entregar y que los migrantes debían esperar sin salir de la zona, lo cual se ha convertido en un problema complejo, pues los albergues se encuentran colapsados y los migrantes, muchos con niños, se han visto obligados a instalarse en las calles en improvisados campamentos con tiendas hechas con bolsas plásticas y sin tener un baño al que poder ir ni servicios básicos.

Aparte de los migrantes que se instalan en las calles, otros centenares logran arrendar habitaciones en la ciudad mientras esperan por semanas que el INM les dé el documento solicitado. En ese tiempo sus pocos recursos económicos quedan completamente disminuidos y se exponen a múltiples riesgos: mafias que les secuestran y extorsionan, coyotes que ante la falta de respuesta institucional les ofrecen «soluciones» de movilidad en trailers que inexplicablemente logran avanzan por casi todo México, estafadores que les cobran un mes de alquiler y a los 7 días les denuncian para que las autoridades les saquen del lugar y terminan perdiendo el dinero que pagaron.

El negocio de la crisis migratoria

De acuerdo con el activista de derechos humanos y de migrantes Irineo Mujica, la actual crisis migratoria en el sur de México estaría siendo ocasionada por la falta de respuesta de las propias autoridades, que, a su juicio, han demostrado poca empatía y humanidad hacia los migrantes.

Denunció, además, que el INM entregaría «perversamente» oficios de salida del país al grupo de migrantes que esta semana logró trasladarse a Huixtla, lo cual les deja aún más vulnerables, pues vencido ese plazo, podrían ser deportados a Venezuela, sin tomar en consideración que esos migrantes han huido de un régimen que podría tomar represalias contra estas personas.

Este domingo enfrontera.com obtuvo uno de los documentos otorgados a los migrantes, en los que se establece un lapso de 20 días para que abandonen el país, limitando sus posibilidades de pedir otras medidas. Este documento se lo entregaron a pesar de que los migrantes lo que realmente solicitaban era el permiso de tránsito que no implicaba una inmediata salida del país al vencerse el plazo.

Según explica Mujica, ese grupo de migrantes, que busca llegar a Estados Unidos, también podrían experimentar más dificultades en su camino, debido a que en algunas zonas habría funcionarios que se aprovechan de la situación y les aseguran que ese documento no les serviría y así les extorsionan.

«No es ni justo ni legal (la orden de salida)», insiste y precisa que el mecanismo estaría «diseñado para que otros agentes los detenga y los baje en cualquier lugar de la República, los extorsione, y quedan a merced del crimen organizado».

Consideró un vil engaño lo que las autoridades migratorias hicieron al llevar a los migrantes de Huixtla a Tapachula para entregarles el pase limitado.

Insistió, asimismo, que mientras más vulnerables queden los migrantes, más se favorece a las mafias y a la corrupción, porque arrinconan al migrante hasta que cede en pagar o conseguir cómo sea el dinero para tratar de tener protección, la cual se la debería garantizar el Estado, pero de la que les despojarían con múltiples tácticas burocráticas y oficiales.

«Esta crisis de migrantes se ha convertido en un gran negocio de los agentes corruptos», sostuvo.

Asegura que en Tapachula todavía se encuentran más de 2.000 personas, lo cual es parte del caos ayer que las propias autoridades estarían provocando al no dar respuesta expedita y oportuna.

A estas personas, entre los que se encuentra un amplio número de venezolanos, se les pretendería dar el mismo trato, porque ya se le habría tomado los documentos para procesar el folio de la salida obligatoria del país en menos de 30 días.